Martes 04 de diciembre de 2012 | 22:45
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Como si fuera una partida de ajedrez, los dos grandes contendientes de la batalla del 7-D piensan cada movimiento intentando anticipar varias jugadas de su contrincante. Y el éxito de cualquier estrategia dependerá del secreto y la sorpresa. De ahí el hermetismo que protege los pasos que tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el Grupo Clarín se disponen a dar en los próximos días.
Por supuesto, cualquier decisión de los actores de esta contienda estará condicionada a alguna resolución del Poder Judicial que pueda postergar los planes del Gobierno o las urgencias del grupo periodístico amenazado por la puesta en marcha de los artículos de la ley de medios audiovisuales objetados ante la Justicia.
Por ejemplo, en el muy poco probable caso de que el juez Horacio Alfonso dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión antes del 7 del actual, o en el también muy hipotético caso de que la Cámara en lo Civil y Comercial disponga prorrogar la medida cautelar que suspendió los efectos de los artículos de la ley cuestionados por Clarín, este grupo contará con más tiempo. Aun ante la posibilidad de un fallo favorable a la constitucionalidad de la ley, Clarín podría apelar la sentencia y automáticamente suspender su aplicación. Razón por la que se especula que, a estas alturas, es el Gobierno el menos interesado en que se produzca un fallo.
Pocos creen que la Justicia pueda resolver algo así en cuatro días, pese al pedido en ese sentido que formuló la Corte Suprema. Por tal razón, cabe ahora preguntarse qué tienen previsto hacer el Gobierno y Clarín ante el inminente vencimiento de la medida cautelar.
Cabe ahora preguntarse qué tienen previsto hacer el Gobierno y Clarín ante el inminente vencimiento de la medida cautelar
Por lo pronto, el Gobierno, con el pretexto de celebrar el Día de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia (10 de diciembre), prepara un festival popular. El festejo se realizará un día antes, el domingo 9, para permitir que la movilización sea mayor y pueda eventualmente interpretarse como un "contracacerolazo". Desde luego, los cánticos y los carteles de la militancia que se dé cita tendrán un destinatario principal: el Grupo Clarín.
Un día después, si la Justicia no toma decisión alguna, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) comenzará a disponer los primeros cursos de acción para forzar al Grupo Clarín a desprenderse de las licencias que, según la ley de medios, le sobrarían. Lo que más viene trascendiendo desde el Gobierno es que se apuntará a Cablevisión. Concretamente, se trataría de quitarle licencias para operar en distintas localidades del interior del país, empezando por aquellas provincias donde el kirchnerismo gobierne y mantenga una influencia decisiva entre los jueces locales.
Estaría descartada, al menos en lo inmediato, la idea de avanzar con efectivos de la Gendarmería sobre empresas emblemáticas del grupo periodístico, por cuanto esto podría derivar en enfrentamientos con trabajadores y generar una ola de críticas, tanto a nivel nacional como internacional, tal como ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez con cadenas como Radio Caracas Televisión a las cuales se les quitó la concesión.
Estaría descartada, al menos en lo inmediato, la idea de avanzar con efectivos de la Gendarmería sobre empresas emblemáticas del grupo periodístico
La ley de medios establece que ningún grupo empresario puede tener más de 24 licencias de televisión por cable. Cablevisión cuenta con 158 en todo el país, pero debe tenerse en cuenta que mientras esta empresa tiene una licencia por cada localidad, otros grupos cuentan con una licencia para operar en numerosas localidades. Por caso, Telecentro cubre con una sola licencia una región geográfica, en el área metropolitana y bonaerense, que a Cablevisión le exige tener 19 licencias. De este modo, la norma parece haber sido hecha a medida para castigar al grupo que la Presidenta desea desguazar.
¿Qué hará el Grupo Clarín? Más allá del hermetismo propio de esta disputa, una opción podría pasar por presentar el mismo 7 de diciembre una propuesta de adecuación a la ley, que contemple la división de las sociedades licenciatarias de medios en varias empresas, cada una de las cuales quede a cargo de alguno de los principales accionistas del grupo, esto es, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
De este modo, la norma parece haber sido hecha a medida para castigar al grupo que la Presidenta desea desguazar
Sería esto último algo similar a lo que acaba de anunciar el Grupo Uno, cuyas cabezas son Daniel Vila y José Luis Manzano. Este grupo presentó ante la Afsca un plan de adecuación que contempla una división de licencias entre sus socios y la transferencia de otras a familiares y acreedores. De esta manera, se conformarían nuevas unidades productivas a cargo de cada socio o de asociaciones que no presenten incompatibilidades entre sí.
Claro que en estos casos alguien podría denunciar la existencia de testaferros y podrían cobrar actualidad los recientes dichos de Nicolás Cherei, un funcionario de la Afsca muy cercano a su titular, Martín Sabbatella, quien confesó que se controlaría a los diferentes medios con el fin de evitar la presencia de los testaferros que permitan a grandes grupos evadir el límite de licencias y precisó: "Si tienen diferentes dueños, vamos a controlar que haya también diferentes estilos editoriales, diferentes técnicos, diferentes periodistas y diferentes camarógrafos". Estos conceptos fueron luego desmentidos por Sabbatella, aunque para muchos observadores se trató de un sincericidio sobre los auténticos propósitos del Gobierno..
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