Delincuentes mexicanos y guatemaltecos son apresados al entrar en Guatemala con cargamentos de combustible desde México y El Salvador. Contrabandistas locales son arrestados al penetrar ilícitamente en Costa Rica con un alijo de licor comprado en tiendas libres de impuestos en Panamá. Un grupo de ladrones roba 200 armas en una bodega de la policía de Costa Rica. Narcotraficantes mexicanos destrozan zonas selváticas en Guatemala.
Y la lista de hechos criminales crece a diario: Centroamérica es un enorme bazar clandestino en el que cualquier mafioso puede traficar con seres humanos, drogas, armas, municiones, combustibles, licores, vehículos, maderas preciosas, especies en peligro de extinción o bienes arqueológicos, y participar en actividades del crimen organizado como el robo de cables telefónicos, tapas del alcantarillado, energía eléctrica y agua potable.
Todo tipo de tráfico es posible en Centroamérica, desde seres humanos a bienes arqueológicos
Centroamérica “enfrenta una crisis por delincuencia e inseguridad que le cuesta un promedio de 1.300 millones de dólares anuales”, advirtió recientemente el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, al citar un informe del Banco Mundial. “Estos delitos se han visto reforzados por la presencia de grupos delictivos que año tras año han aumentado sus filas, hasta convertirse en verdaderas estructuras del crimen organizado, como es el caso de las pandillas”, aseguró Funes.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció que en Centroamérica existen 23 modalidades de crimen organizado que operan con un impacto bajo, medio y alto. El menú de programas centroamericanos para combatirlo contempla desde convenios de patrullaje marítimo conjunto en el Pacífico y el Atlántico con Estados Unidos y Francia, hasta la cooperación policial de España y planes por 2.000 millones de dólares financiados con préstamos externos, aunque el balance es negativo.
Un estudio del PNUD ha descrito 23 modalidades de crimen organizado en la región
Con un gasto conjunto superior a los 6.500 millones de dólares al año para combatir la violencia, la inseguridad prevalece con una tasa regional de más de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes: si se excluye a las regiones en guerra, Centroamérica es la más violenta del mundo, según el PNUD.
El cóctel centroamericano es explosivo, ya que a la crisis de inseguridad se añade una situación de miseria y exclusión social que azota a más de la mitad de los 40 millones de habitantes del área, con un creciente deterioro ambiental —en particular de los bosques y las fuentes acuíferas— y, con la excepción de Costa Rica, un historial de instituciones frágiles e impunidad, además de la corrupción política.
La muerte sigue tiñendo a la zona, que apenas consolida su proceso de paz tras décadas de conflictos bélicos, como los de Nicaragua (1975-1990), Guatemala (1960-1996) y El Salvador (1980-1992), y de dictaduras y regímenes militares, como los de Panamá (1968-1989) o Guatemala (1954-1986).
Un estudio del PNUD identificó un primer listado de nueve mafias de ámbito local y nacional y cuyo “servicio traficado” es una actividad criminal de complejidad y gravedad bajas. En ese grupo están las organizaciones de robo de cables telefónicos; tapas de alcantarilla, luminarias y cables eléctricos; energía eléctrica, agua potable y otros servicios domiciliarios “de contrabando”; teléfonos celulares; accesorios de vehículos; repuestos y partes automotrices; combustibles y lubricantes, y robo de ganado. En un segundo rango hay seis mafias de jurisdicciones nacionales y transnacionales y de complejidad y gravedad medias. Son las bandas dedicadas a violar leyes de derechos de autor (piratería de música, películas, libros y demás); al contrabando de ropa y otros artículos; al robo, exportación y comercialización ilegal de bienes culturales; al tráfico de animales protegidos; a la comercialización ilícita de maderas preciosas y a los fraudes y estafas con tarjetas de crédito.
En el tercer escalafón hay ocho mafias de entorno nacional y transnacional y de complejidad y gravedad altas: robo de vehículos; tráfico de armas de fuego; tráfico de inmigrantes; trata de personas; tráfico de órganos; tráfico interno de drogas; tráfico internacional de drogas y lavado de dinero y otras actividades.
Frente a la arremetida intensa del crimen organizado, la respuesta en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua ha sido militarizar la seguridad y sacar a los soldados a las calles para cumplir labores policiales, mientras que Costa Rica y Panamá —ambos sin Ejército— han fortalecido sus cuerpos policiales con ayuda de Estados Unidos, España y otros países europeos.
“Las mafias se han venido a Centroamérica, porque son Estados de quinto mundo que nunca las van a poder capturar y los van a poder corromper, permear y hacer todos los negocios”, afirmó el guatemalteco Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (no estatal).
Asturias dijo a EL PAÍS que “lo que estamos cosechando hoy es el resultado del modelo de Estado que se implementó en los últimos 20 años: un Estado débil, fragmentado, sin respuesta a las necesidades sociales. Ahora somos países más desiguales”.
La militarización de la seguridad, añadió, fracasó porque “son Estados pequeños, con fuerzas de seguridad poco profesionales y no al servicio de la mayoría, aunque con servicios de seguridad privados muy fuertes y grandes pero corrompidos por los intereses del crimen organizado”.
Investigaciones estatales, de foros internacionales y de organizaciones no gubernamentales han confirmado la mezcla de las 23 modalidades de mafias, como sucede con los narcotraficantes que utilizan a los inmigrantes ilegales para transportar drogas de Centroamérica a México y Estados Unidos.
