Amnistía Internacional responsabiliza 'exclusivamente' al Gobierno cubano de la muerte de Villar
AI califica como "un impactante recordatorio de la intolerancia del Gobierno de Raúl Castro frente a la disensión"
Internacional | 21/01/2012 - 13:11h
Madrid. (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacionalha atribuido al Gobierno cubano la responsabilidad "exclusiva" de la muerte del presunto activistaWilman Villar, fallecido tras una huelga de hambre de 50 días de duración, en lo que AI calificó como "un impactante recordatorio de la intolerancia del Gobierno de Raúl Castro frente a la disensión".
Villar, de 31 años, falleció el pasado jueves en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago, donde fue trasladado el pasado 13 de enero desde prisión por problemas de salud supuestamente derivados de la huelga de hambre "en protesta por su juicio injusto y su encarcelamiento", explicó la ONG.
Con todo, el asesor especial de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, aseguró que la responsabilidad de la muerte de Villar bajo custodia "es exclusiva de las autoridades cubanas, quienes le juzgaron sumariamente y le encarcelaron por ejercer su derecho a la libertad de expresión".
"Su trágica muerte resalta la profunda desesperación a la que se enfrentan otros presos de conciencia que todavía languidecen en cárceles cubanas, y que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente" declaró el asesor, quien instó a las autoridades cubanas a "poner fin al acoso, persecución y encarcelamiento de manifestantes pacíficos, así como a los activistas pro Derechos Humanos".
Según contextualiza la ONG, Villar fue arrestado el pasado 14 de noviembre con otros ocho miembros del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Contramaestre —en el este del país— por participar en una protesta contra el Gobierno cubano.
"Durante su detención, la Policía intimidó al detenido y le amenazó con hacerle desaparecer si no dejaba de protestar y abandonaba el grupo", indica AI.
Tres días de su liberación, Villar fue obligado a comparecer el 24 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre, donde fue juzgado en privado y sin que se admitieran los testimonios de su esposa o de otros testigos de la defensa.
La ONG añade que, tras ser sentenciado a cuatro años de cárcel y transferido a la prisión de Aguaderas. El mismo día comenzó una huelga de hambre en señal de protesta por el dictamen, que finalmente acabaría con su vida, de acuerdo con Amnistía.
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